La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha dado el primer aviso sobre la regulación de la colegiación obligatoria, ya que advierte que en la práctica los colegios profesionales, más que servir para defender a los consumidores, defienden los intereses corporativos de los profesionales adscritos.
El decano (por un voto) del COAC se ha lanzado a la defensa de la colegiación obligatoria, en sintonía con lo expresado desde el Consejo Superior de Arquitectos de España. El nerviosismo es evidente, ya que a pesar de que en el pasado los colegios profesionales más poderosos, arquitectos, médicos y abogados, han ejercido como grupo de presión ante iniciativas legislativas similares que pusieran en peligro su continuidad, la capacidad de influencia en una crisis como la actual y ante instituciones europeas va a ser difícil de mantener.
La tesis de que el colegio de arquitectos defiende los intereses del consumidor, garantizando la calidad de los trabajos profesionales, es algo más que discutible. Y aunque así fuese, el visado profesional no tiene nada que ver con la defensa de los intereses de colegiados o clientes, y sí con un sistema recaudatorio injusto, pues carga con una tasa porcentual lineal sobre los honorarios de un trabajo profesional concreto, sin que ello suponga servicio alguno.
Cuando la colegiación sea voluntaria, lo que probablemente ocurrirá a partir del año 2009 ó 2010, el ciudadano estará igual de protegido cuando contrate un arquitecto que, por ejemplo, cuando compre una vivienda a una empresa promotora (no hay colegio oficial de promotores y especuladores inmobiliarios). El ciudadano entonces solicitará copia de la titulación del arquitecto, y la clasificación del mismo en las empresas aseguradoras (asemas y otras que surgirán, afortunadamente), y con eso tendrá más criterios de elección que recurriendo a compañeros colegiados que hoy carecen de seguro, no van por las obras, y dejan que los proyectos los hagan delineantes.
La cosa va en serio, y en el COAC se están preparando para la supresión de la colegiación obligatoria (y la desaparición, por tanto, del COAC), pero no en el sentido responsable, sino por ejemplo negociando el “despido” de los trabajadores VIP (aquellos que cobran sobre los 4.000-6.000 € mensuales y que conocen los curiosos detalles de la gestión del Colegio y de los miembros de Junta o han participado activamente en ellos), con el fin de concederles jugosas indemnizaciones (en el entorno de los 200 a 300.000 €), a pesar de que sería más rentable esperar a sus jubilaciones. Y esto no es un chisme sin fundamento, sino un asunto tratado en la última Asamblea del COAC (esa a la que nadie fue) por el anterior decano (el de los 6.000 € mensuales).
