¡Vaya Cruz de Plan!

El pasado 4 de enero, mientras los reyes apuraban sus compras, el pleno del ayuntamiento de Santa Cruz aprobó su revisión del Plan General, con los votos de ATI y el PP, y la ausencia significativa de algunos ediles de la oposición, que decidieron oponerse, pero poquito. Tan poquito que unos días antes el Sr. Cuende (edil ausente del Psoe en la votación), exdecano del coac, había firmado en el diario La Opinión, junto con 26 compañeros más (entre ellos el actual decano, el presidente de la demarcación de Tenerife, el de La Palma, varios miembros de juntas directivas y de gobierno) un manifiesto titulado "Reflexiones sobre el PGO y el régimen de fuera de ordenación". Esta firma espontánea del día 26 de diciembre se realiza entre un grupo de "Profesionales del Planeamiento, Gestión y/o Derecho Urbanístico, de la Arquitectura y de la Ingeniería Civil". A título personal se entiende, claro. Aunque Diario de Avisos, el mismo día, da carta de comunicado oficial del Coac a una simplificación del escrito original.

El día 29 de diciembre (día 1 post ómnibus) en el Diario de Avisos aparece un artículo firmado por Virgilio Gutiérrez, decano, titulado "Una revisión inobjetable", en el que se expresa la "opinión colegial" ("…el Coac entiende…"), que coincide con la circular de Órganos Generales enviada a los colegiados el día 28 de diciembre. En dicha circular el decano se apoya en los razonamientos del abogado de +100.000 euros/año para decir que la revisión del PGO es, desde el punto de vista jurídico, inobjetable. Faltaría más.

Para arreglar el asunto la demarcación de Tenerife emite una circular, la 137 del año 2009 del día 30 de diciembre, en que aseguran que los miembros de la Junta de Tenerife y de OOGG hicieron su adhesión a título personal (¡decano incluido!), sin que por ello tuvieran la representatividad del colectivo. Y que el decano había dado su opinión como tal mediante un escrito independiente, tras el famoso escrito "inobjetable" del abogado de los hermanos Marx.

El día 3 de enero aparece en el Diario de Avisos un artículo titulado "El COAC dice que no tiene postura oficial sobre el PGO". En el pleno del Ayuntamiento del día 4 de enero, el equipo de gobierno defendió el Plan y habló del apoyo del COAC al PGO, mientras que el portavoz socialista dijo que no, que no había postura sobre el PGO. El día 5 aparece una nota aclaratoria (de pago) de la Demarcación de Tenerife, firmada por su presidente, intentando aclarar la posición institucional, en el sentido de que lo que vale es lo que dice el decano. Y el día 7 Arsenio Pérez firma en el Diario de Avisos un artículo titulado "El COAC avala el comunicado de su Decano sobre el PGO", en el mismo sentido.

Los que hemos leído "Mi primer libro de derecho", de la editorial barrio sésamo, sabemos que una ley puede ajustarse al marco jurídico (ser legal), pero eso no significa necesariamente que sea razonable o justa. Es como decir que la aplicación de la pena de muerte en los países que la contemplan en su ordenamiento es "jurídicamente inobjetable". Claro. Pero eso no significa que sea justo, digno, honesto o razonable.

Respecto al PGO de Santa Cruz, contra el que se han manifestado 10.000 personas (4.000 según la policía, ¿200 según el COAC?), resulta difícil encajar un posicionamiento parcial (y oportunísimo para el alcalde) del decano como representante unipersonal del Colegio de Arquitectos, basado en un informe jurídico "a la carta" que dice que el Plan es legal, sin entrar en la visión arquitectónica del mismo ni en el modelo de ciudad que plantea.

Los arquitectos hemos quedado como marionetas y a merced de un informe jurídico, demostrando a través de nuestros representantes una ausencia de sentido crítico o, lo que es peor, de capacidad para emitir una valoración técnica compleja. Sólo un triste "inobjetable". El ciudadano sólo se puede sentir defraudado por este particular entendimiento de "la función pública de la arquitectura", en que el organismo que aglutina por obligación a los que deberían ser los profesionales más capacitados para pronunciarse, mira para otro lado y otorga.

La cuestión no es de modelo de ciudad, sino del modelo de sociedad que refleja esta actuación conjunta y aparentemente coordinada de representantes de ciudadanos y representantes de arquitectos. Esta forma de actuar, esta sociedad que propugna el entendimiento en clave de intereses privados inconfesables, que solo sabe de pagos y favores, y que usan los informes jurídicos y las palabras retorcidas para justificar lo injustificable, es la que vamos a pagar con los 22 euros al mes que nos piden el día 8 de febrero por mantener esta maquinaria. Juzguen ustedes si vale la pena.